¿Qué problema estamos intentando resolver?Hace tiempo ya, me cuesta entender la “Agenda” política de General La Madrid.
Si te das una vuelta corta nomás, sabrás rápidamente que la comunidad enfrenta problemas concretos, urgentes y perfectamente identificables, sin embargo, aparece como iniciativa legislativa un Régimen de Evaluación de Aptitud Funcional y Controles Toxicológicos impulsado por La Libertad Avanza.
Primera pregunta. Sencilla: ¿Por qué?
No porque el tema no pueda discutirse. Claro que se puede. La aptitud para determinadas funciones y el consumo problemático de sustancias son cuestiones serias. Y justamente por eso requieren una fundamentación seria, precisa y técnicamente impecable.
Y hasta ahora, eso es lo que no aparece. Entonces tengo preguntas. Me hago preguntas.
¿Qué problema concreto de General La Madrid pretende solucionar esta ordenanza?
¿Hay funcionarios o trabajadores municipales que hayan desempeñado sus tareas bajo los efectos de sustancias y hayan generado un riesgo para terceros?
¿Hay antecedentes concretos? ¿Hay denuncias? ¿Hay estadísticas? ¿Hay situaciones detectadas por el Municipio?
¿O solo estamos importando una discusión política nacional y convirtiéndola en una ordenanza local porque suena fuerte, provocadora o electoralmente rentable?
Una cosa es controlar la aptitud funcional de quien maneja una ambulancia, una maquinaria pesada o desempeña una tarea crítica.
Y otra muy diferente es establecer un régimen general de controles toxicológicos sin explicar con precisión a quiénes alcanza, por qué, con qué finalidad y qué consecuencias tendrá un resultado positivo.
Pregunta importante: ¿Cómo se preserva la confidencialidad en General La Madrid?
Estamos hablando de una comunidad donde prácticamente todos nos conocemos.
La ordenanza puede escribir que los resultados serán confidenciales. Perfecto. Pero la vida real no funciona con artículos de ordenanzas.
Si un sorteo es aleatorio y una persona es seleccionada, concurre a hacerse un estudio y posteriormente es separada preventivamente de una función, ¿Cómo se evita que el pueblo termine sabiendo quién fue? ¿Quién recibe el resultado? ¿El laboratorio? ¿Un médico independiente? ¿Recursos Humanos? ¿El secretario del área? ¿El intendente? ¿Quién tiene acceso? ¿Quién controla al que controla? ¿Existe una cadena de custodia? ¿Existe contraprueba? ¿Hay un laboratorio externo e independiente?
¿Quién garantiza que el resultado no termine circulando por WhatsApp?
En una comunidad pequeña, la confidencialidad no se garantiza escribiendo “Confidencial” en una hoja. Se garantiza diseñando un procedimiento que impida que la información se “Filtre” (Y sobre esto podemos escribir un rato largo)
Y hay otra cuestión todavía más delicada: ¿Un resultado positivo significa automáticamente que una persona no está en condiciones de trabajar?
Detectar una sustancia o un metabolito no es exactamente lo mismo que demostrar intoxicación, afectación de las capacidades o incapacidad para desempeñar una determinada función.
Por eso pregunto: ¿El objetivo es controlar la aptitud funcional o perseguir el consumo?
Son cosas diferentes. Si el objetivo es proteger al trabajador, a sus compañeros y a terceros, entonces el eje debería ser la aptitud para realizar una determinada tarea, con evaluación médica profesional y garantías.
Si el objetivo es castigar a quien consume, estamos ante otra discusión completamente distinta.
Entonces pregunto: ¿Por qué esto es una prioridad legislativa para General La Madrid?
Mientras discutimos controles toxicológicos, tenemos problemas concretos que todavía esperan respuestas.
La coparticipación municipal cayó. El Municipio perdió participación en el CUD. ¿A alguno de los concejales “Opositores” se le ocurrió preguntar por qué General La Madrid pasó de 0,36309 en 2025 a 0,35992 en 2026? ¿Qué variable cayó? ¿Qué información fue remitida por el Municipio a la Provincia? ¿Quién fue el responsable de ese proceso?
Eso sí tiene impacto directo sobre los recursos de nuestra comunidad. Eso sí merece una explicación. Como también merecen explicación los problemas de infraestructura, servicios, producción, empleo, vivienda, conectividad y tantas otras cuestiones que forman parte de la vida cotidiana de los vecinos.
Presentar proyectos no es gobernar ni hacer oposición.
¿Qué agenda tiene La Libertad Avanza para General La Madrid?
La política necesita prioridades. Necesita diagnóstico. Necesita argumentos.
Necesita saber cuál es el problema que se pretende resolver y por qué esa solución es la adecuada.
En este proyecto, cuesta encontrar ese diagnóstico.
No alcanza con decir “Narcotest” y esperar que la palabra produzca automáticamente aprobación social. La realidad es bastante más compleja.
Por eso quienes impulsan el proyecto deberían responder, públicamente y sin consignas:
¿Qué problema local detectaron? ¿Qué antecedentes concretos justifican la medida?
¿A quiénes alcanza exactamente? ¿Por qué es necesario un control toxicológico y no solamente una evaluación de aptitud funcional? ¿Qué ocurre ante un resultado positivo?
¿Quién conoce el resultado? ¿Cómo se garantiza la confidencialidad? ¿Quién controla el procedimiento? ¿Cuánto va a costar? ¿Qué organismo o profesional va a realizar los controles?
¿Qué garantías tiene la persona sometida al examen? Y, fundamentalmente:
¿Por qué esto es hoy una prioridad para General La Madrid?
Los vecinos tenemos derecho a saber qué problema estamos intentando solucionar antes de que el Concejo Deliberante se ponga a buscar una solución.
La política local debería empezar por mirar a General La Madrid.
Y si después de mirar encontramos que éste es uno de los problemas más urgentes de nuestra comunidad, perfecto. Lo discutimos. Lo fundamentamos. Lo mejoramos. Y lo votamos.
Pero si no podemos explicar qué problema resuelve, entonces quizás la pregunta más incómoda sea también la más necesaria: ¿Qué busca realmente este proyecto?
Hacer política también es saber distinguir entre una necesidad de la comunidad y una oportunidad política.
Y convencido estoy que necesitamos bastante más de lo primero y bastante menos de lo segundo…
